Embajada de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela

Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (II)

En este sensible tema el abanico de opiniones es muy amplio, desde quienes sugieren suprimirla de inmediato hasta aquellos que se oponen enfáticamente a su eliminación y proponen normarlo todo, incluyendo los artículos industriales. Otros opinan que para combatir el acaparamiento y garantizar el acceso de todos a los alimentos básicos, debería, en una primera etapa, mantenerse la cuota normada, aunque los precios dejen de subsidiarse. No pocos recomiendan privar de la libreta a los que no estudien o trabajen, o aconsejan que los ciudadanos con mayor ingreso voluntariamente prescindan de este sistema.

Ciertamente la canasta familiar normada, justificada en circunstancias históricas concretas, al haberse mantenido durante tanto tiempo, contradice en su esencia el principio de la distribución que debe caracterizar al socialismo, o sea, “De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” y esta situación debe ser superada.

Al respecto, considero propicio recordar lo planteado por el compañero Fidel en el Informe Central al Primer Congreso del Partido el 17 de diciembre de 1975, cito: “En la conducción de nuestra economía hemos adolecido indudablemente de errores de idealismo y en ocasiones hemos desconocido la realidad de que existen leyes económicas objetivas a las cuales debemos atenernos”. Fin de la cita.

El problema que enfrentamos no es de concepto, radica en cómo, cuándo y con qué gradualidad lo haremos. La supresión de la libreta no constituye un fin en sí mismo, ni puede verse como una decisión aislada, sino como una de las principales medidas que será imprescindible aplicar para erradicar las profundas distorsiones existentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto.

A nadie en su sano juicio en la dirección de este país se le puede ocurrir decretar de golpe la eliminación de ese sistema, sin previamente crear las condiciones para ello, lo que se traduce en realizar otras transformaciones del Modelo Económico en aras de incrementar la eficiencia y la productividad del trabajo, de modo que se puedan garantizar con estabilidad niveles de producción y oferta de los productos y servicios básicos a precios no subsidiados y a la vez accesibles a todos los ciudadanos.

Este asunto, lógicamente, guarda estrecha relación con los precios y la unificación monetaria, los salarios y el fenómeno de la “pirámide invertida”, que como se aclaró en el Parlamento el pasado 18 de diciembre, se expresa en la no correspondencia de la retribución salarial con la jerarquía e importancia de la labor desempeñada, problemáticas que se reflejaron en alta proporción en los planteamientos realizados.

En Cuba, bajo el socialismo, jamás habrá espacio para las “terapias de choque” en contra de los más necesitados y que son, tradicionalmente, los que apoyan a la Revolución con mayor firmeza, a diferencia de los paquetes de medidas que se emplean con frecuencia por mandato del Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones económicas internacionales en detrimento de los pueblos del Tercer Mundo e incluso, en los últimos tiempos, en las naciones más desarrolladas, donde se reprimen con violencia las manifestaciones populares y estudiantiles.

La Revolución no dejará a ningún cubano desamparado y el sistema de atención social se está reorganizando para asegurar el sostenimiento diferenciado y racional de aquellos que realmente lo requieran. En lugar de subsidiar masivamente productos, como hacemos ahora, se pasará progresivamente al apoyo de personas sin otro sostén.

Este principio conserva total vigencia en el reordenamiento de la fuerza laboral, ya en marcha, para reducir las plantillas infladas en el sector estatal, bajo estricta observancia de la idoneidad demostrada, proceso que continuará adelante, sin prisas, pero sin pausa y su ritmo estará determinado por nuestra capacidad de ir creando las condiciones requeridas para su total despliegue.

A ello deberá contribuir, entre otros factores, la ampliación y flexibilización del trabajo en el sector no estatal. Esta forma de empleo, a la que se han acogido algo más de 200 mil cubanos de octubre del pasado año a la fecha, duplicándose la cantidad de trabajadores por cuenta propia, constituye una alternativa laboral amparada en la legislación vigente y por tanto, debe contar con el apoyo, respaldo y protección de las autoridades, a todos los niveles, al tiempo que se exija, con el rigor que demanda la ley, el estricto cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo las tributarias.

El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de significar una supuesta privatización de la propiedad social, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el pueblo y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país.

Ello, por otra parte, favorecerá que el Estado continúe asegurando a toda la población por igual y de manera gratuita, los servicios de Salud y Educación, protegerlos de forma adecuada mediante los sistemas de Seguridad y Asistencia Social, promover la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y defender la identidad y la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística, científica e histórica de la nación.

El Estado Socialista tendrá entonces mayores posibilidades de hacer realidad el pensamiento martiano que preside a nuestra Constitución: “Yo quiero que la Ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

Corresponde al Estado defender la soberanía e independencia nacional, valores que enorgullecen a los cubanos y continuar garantizando el orden público y la seguridad ciudadana que distinguen a Cuba por ser uno de los países más seguros y tranquilos del mundo, sin narcotráfico ni crimen organizado, sin niños o adultos mendigos, sin trabajo infantil, sin cargas de caballería contra los trabajadores, estudiantes u otros sectores de la población, sin ejecuciones extrajudiciales, cárceles clandestinas ni torturas, a pesar de las campañas que sin prueba alguna constantemente se orquestan contra nosotros, ignorando con marcada intención que todas esas realidades son, en primer lugar, derechos humanos fundamentales, a los que ni siquiera se puede aspirar por la mayoría de los habitantes del planeta.

Ahora bien, para poder garantizar todas esas conquistas del socialismo sin retroceder en su calidad y alcance, los programas sociales deben caracterizarse por una mayor racionalidad, de manera que con gastos menores se obtengan resultados superiores y sostenibles en el futuro y que además guarden una adecuada correlación con la situación económica general de la nación.

Como se aprecia en los Lineamientos, estas ideas tampoco están reñidas con la importancia que otorgamos a la separación precisa del papel que corresponde jugar en la economía a los organismos estatales, por una parte, y a las empresas por la otra, asunto que por décadas se ha visto plagado de confusiones e improvisaciones y que estamos obligados a solucionar a mediano plazo en el marco del perfeccionamiento y fortalecimiento de la institucionalidad.

La comprensión plena de estos conceptos nos permitirá avanzar con solidez y sin retrocesos en la paulatina descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista.

El modelo excesivamente centralizado que caracteriza actualmente nuestra economía deberá transitar, con orden y disciplina y con la participación de los trabajadores, hacia un sistema descentralizado, en el que primará la planificación, como rasgo socialista de dirección, pero no ignorará las tendencias presentes en el mercado, lo que contribuirá a la flexibilidad y permanente actualización del plan.

La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba” y en consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían.

Nuestros empresarios, salvo excepciones, se acomodaron a la tranquilidad y seguridad de la “espera” y desarrollaron alergia por el riesgo que entraña la acción de adoptar decisiones, o lo que es lo mismo: acertar o equivocarse.

Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una tarea de importancia estratégica y no es casual que esté recogida, de una u otra manera, en los 24 lineamientos del capítulo PRIMERO, “Modelo de Gestión Económica”.

En esta materia no podemos admitir improvisaciones o apresuramientos. Para descentralizar y cambiar la mentalidad, es requisito obligado elaborar el marco regulatorio que defina con claridad las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable, financiero y administrativo.

Ya se viene avanzando en esta dirección. Desde hace casi dos años se iniciaron los estudios para perfeccionar el funcionamiento, así como la estructura y composición de los órganos de Gobierno en los diferentes niveles de dirección, obteniéndose como resultado la puesta en vigor del Reglamento del Consejo de Ministros, la reorganización del sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno, la introducción de procedimientos de planificación de las actividades principales, el establecimiento de las bases organizativas para disponer de un sistema de información del Gobierno, efectivo y oportuno, con su infraestructura de infocomunicaciones y la creación, con carácter experimental, bajo una nueva concepción funcional y estructural, de las provincias Mayabeque y Artemisa.

Para comenzar a descentralizar facultades, deberá rescatarse por parte de los cuadros estatales y empresariales, el notorio papel que corresponde jugar al contrato en la economía, tal y como se expresa en el lineamiento número 10. Ello también contribuirá a restablecer la disciplina y el orden en los cobros y pagos, asignatura con calificaciones insatisfactorias en buena parte de nuestra economía.

Como subproducto no menos importante, el uso adecuado del contrato como herramienta reguladora de las interrelaciones entre los diferentes actores económicos, devendrá un efectivo antídoto contra el extendido hábito del “reunionismo”, o lo que es lo mismo, el exceso de reuniones, chequeos y otras actividades colectivas, frecuentemente presididas por un nivel superior y con la asistencia improductiva de numerosos participantes, para hacer cumplir lo que las dos partes de un contrato han firmado como deberes y derechos y que por falta de exigencia nunca han reclamado su cumplimiento ante las instancias que el propio documento contractual estableció.

Al respecto cabe destacar las 19 opiniones, en 9 provincias, que reclamaron la necesidad de disminuir a lo imprescindible el número de reuniones y su duración. Este tema lo retomaré más adelante, cuando aborde el funcionamiento del Partido.

Estamos convencidos de que la tarea que tenemos por delante en este y en los demás asuntos vinculados a la actualización del Modelo Económico, está llena de complejidades e interrelaciones que tocan, en mayor o menor medida, todas las facetas de la sociedad en su conjunto y por ello sabemos que no es una cuestión a resolver en un día, ni siquiera en un año y que demandará por lo menos un quinquenio desplegar su implementación con la armonía e integralidad requeridas y cuando esto se logre, es necesario no detenernos jamás y trabajar en su perfeccionamiento de manera permanente para estar en condiciones de superar los nuevos retos que el desarrollo nos vaya dictando.

Se podría afirmar, haciendo un símil, que cada cierto tiempo, en la medida que se modifique el escenario, el país debe confeccionarse un traje a su medida.

No nos hacemos ilusiones de que los Lineamientos y las medidas para la implementación del Modelo Económico, por sí solas constituirán el remedio universal para todos nuestros males. Se requerirá a la par elevar a planos superiores la sensibilidad política, el sentido común, la intransigencia ante las violaciones y la disciplina de todos, en primer lugar de los cuadros de dirección.

Lo anterior ha quedado evidenciado fehacientemente en las deficiencias presentadas en la instrumentación, en meses recientes, de algunas medidas puntuales, no complejas ni de gran envergadura, a causa de los obstáculos burocráticos y la falta de previsión de los órganos locales de gobierno, manifestados en la ampliación del trabajo por cuenta propia.

No es ocioso reiterar que nuestros cuadros tienen que habituarse a trabajar con los documentos rectores que emiten los órganos facultados y abandonar el irresponsable vicio de engavetarlos. La vida nos ha aleccionado que no basta con promulgar una buena norma jurídica, con independencia de que se trate de una ley o una sencilla resolución. Es preciso además, preparar a los encargados de ejecutarlas, supervisarlos y comprobar el dominio práctico de lo establecido. Recuérdese que no hay peor ley que aquella que no se cumple o no se hace cumplir.

Continuar leyendo…