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¡El colmo de la hipocresía!

Un despacho de Prensa Latina trae la noticia de que el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha tomado una medida más de reforzamiento del bloqueo a Cuba, al imponer una multimillonaria multa a la sucursal panameña de Ericsson, gigante sueca de las telecomunicaciones.

La filial de la Ericsson se vio forzada a confesar a las autoridades norteamericanas que había cometido el “delito” de enviar a Estados Unidos teléfonos celulares, que se usaban en Cuba, para ser reparados en las instalaciones de la Ericsson en Estados Unidos. A cambio de esa confesión, la empresa recibió el “beneficio” de una multa por un millón setecientos cincuenta y tres mil dólares.

La noticia nos lleva a reflexionar que el gobierno de Estados Unidos, en su obstinación por restablecer su dominación sobre Cuba, no solo continúa violando las más elementales normas del derecho internacional al mantener el bloqueo a nuestro país, sino que ha llevado al delirio la justificación de su hostilidad.

Resulta que el Departamento de Estado se rasga las vestiduras para justificar que un ciudadano norteamericano, capturado en Cuba en flagrante delito de repartir en territorio cubano equipos de telecomunicaciones de alta tecnología empleados por el Departamento de Defensa y la CIA, que fueron introducidos subrepticiamente como parte de las acciones subversivas que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos lleva a cabo contra nuestra patria, no es sino un “bondadoso” ciudadano preocupado porque el pueblo cubano disponga de eficaces medios de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos persigue, acosa y obliga a confesar bajo amenazas su “delito” a una reconocida empresa de telecomunicaciones de origen sueco, involucrada en un legítimo negocio con Cuba en respeto a las leyes y la soberanía cubanas, a fin de participar de acuerdo con las reglas del comercio internacional en el mejoramiento y el incremento de los servicios de telecomunicaciones empleados por el pueblo y la economía cubanas.

Quien con engaños y alevosía llegó a Cuba para ejecutar los planes subversivos de Washington, es una “buena persona” y debe considerarse inmune e intocable, según la interpretación del imperio. Pero la empresa que, cumpliendo todas las normas y reglas del comercio internacional, se involucra en los planes de desarrollo de las telecomunicaciones cubanas es un “violador” que debe ser perseguido y castigado.

¡El colmo de la hipocresía yanqui!

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