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La justicia norteamericana tiene la palabra

Las administraciones norteamericanas por más de medio siglo han protegido a sus servidores en la contrarrevolución cubana. Pocos terroristas de Miami han ido a prisión, no obstante los reiterados delitos cometidos a lo largo de los años. Cuando los han acusado y encausado, han sido sancionados a irrisorias penas de prisión. La impunidad ha prevalecido cuando de los anticubanos se trata.

Después de casi seis años de prolongado proceso sinuoso, el terrorista internacional Luis Posada Carriles fue declarado “inocente” de cargos migratorios menores por un jurado norteamericano en abril del pasado año y como siempre actúa licenciosamente en Miami, donde recibió abrigo.

El 26 de agosto de 2004 un pequeño avión Jet Lear procedente de Panamá, llegó al aeropuerto internacional Ramón Villena Morales, de San Pedro Sula, Honduras. Un misterioso y falso ciudadano estadounidense con el sugestivo nombre de Melvin C. Thompson fue uno de los pasajeros que descendieron y de manera expedita abandonó la instalación. El extraño visitante no era otro que Luis Posada Carriles, quien llegó procedente de Panamá de donde había salido amparado por autoridades panameñas del gobierno de la Mireya Moscoso, quien los indultó junto a otros tres criminales cuando aún el proceso judicial que se les seguía a los magnicidas estaba inconcluso.

Abogados panameños dignos reclamaron justicia y ahora más de siete años después, un tribunal de Panamá confirmó la sentencia contra los anticubanos Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampol, Pedro Remón Rodríguez y César Matamoros, cubano residente en Panamá, por atentar contra la seguridad colectiva, tras denunciarse que planearon matar a Fidel Castro Ruz en noviembre del 2000.

Mediante un edicto fijado el viernes 13 de enero de 2012 por cinco días, el Juzgado Quinto Penal comenzó a notificar a las partes del fallo del Segundo Tribunal, que confirma en todo su contenido las condenas impuestas en abril de 2004 a estos terroristas y sus cómplices locales: ocho años para Posada Carriles y Jiménez Escobedo, así como siete años para Novo, Remón y Matamoros.

El edicto también incluye al único panameño condenado en este caso, José Hurtado, quien trasladó y ocultó un maletín con más de treinta libras de una masa explosiva de alto poder preparada especialmente por los criminales. El cómplice fue sancionado a cuatro años de cárcel.

El tribunal conoció la ponencia presentada por el magistrado suplente Secundino Mendieta y el fallo dado a conocer el 31 de octubre de 2011, resolvió la apelación presentada por abogados defensores y querellantes.

Asimismo, se anunció que el impresentable y narco abogado panameño Rogelio Cruz Ríos, defensor de los terroristas y Julio Berríos, abogado de la parte querellante, interpondrán recursos de casación.

Posada Carriles, Jiménez Escobedo, Novo Sampol y Remón Rodríguez salieron de Panamá hacia Estados Unidos en la madrugada del 26 de agosto de 2004. La entonces Presidenta de Panamá informó de inmediato al embajador norteamericano en ese país Simón Ferro, que sus órdenes habían sido cumplidas al liberar a los criminales sin esperar el fin del proceso jurídico en curso. La conversación entre la dignataria y el representante de Washington fue radiada durante días por emisoras panameñas. En el 2008, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucionales dichos indultos.

Nuevamente la justicia norteamericana deberá pronunciarse ahora si extradita a los terroristas sentenciados para que cumplan sus penas en Panamá, y si este país accederá a la legítima reclamación de la República Bolivariana de Venezuela, que reiteradamente ha solicitado de manera argumentada con sólido fundamento la extradición a ese país de Luis Posada Carriles, para ser juzgado por varios delitos cometidos, entre ellos por haber sido parte de la conspiración para ejecutar el acto terrorista que hizo estallar en pleno vuelo un avión civil cubano el 6 de octubre de 1976 y en el cual perecieron 73 personas. Hecho todavía impune.

Las presiones sobre la justicia panameña deben haber comenzado para que en una instancia superior la ratificación de la condena sea anulada. Este caso ha sido un baldón para quienes ejercen el derecho en Panamá, pero su ejercicio soberano con apego a las normar internacionales ha sido reivindicado con el fallo emitido y debe contar con el apoyo y solidaridad de quienes luchan realmente contra el terrorismo en el mundo.

El proceso comienza ahora, si la impunidad histórica prevalece, nada habrá cambiado para los terroristas radicados en Miami, no tienen que temer, están en puerto seguro, en este último año de la administración del demócrata Barack Obama, saturado de aspiraciones electorales.

Tomado de Cubadebate

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