Embajada de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela

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Rechaza delegación parlamentaria cubana en Hanoi agresión contra Venezuela

Ana Maria Mari

Cuba expresó hoy el rechazo enérgico a la orden ejecutiva de Estados Unidos que declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional, y la calificó de nueva agresión con propósito desestabilizador.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, expuso esa posición en la plenaria de la Unión Interparlamentaria que tiene lugar en Hanoi, informa la agencia Prensa Latina.

La delegada cubana remarcó que la decisión norteamericana también es una amenaza a la soberanía venezolana y a la de los demás países de América Latina y el Caribe, y exhortó a los parlamentarios presentes a apoyar la defensa de los derechos soberanos de Venezuela y la estabilidad y la paz en esta región.

Convocada bajo el lema de “convertir las palabras en acción” en cuanto a las metas de la ONU pendientes de cumplirse, Cuba abogó por una concepción integral del desarrollo sostenible y un relevante papel de los parlamentos de todo el mundo para cumplir los objetivos de Naciones Unidas para el Milenio.

Sostuvo que se requiere un proceso donde las políticas de desarrollo económico, científico-tecnológicos, fiscales, de comercio, energía, agricultura, industria y otras se entrelacen con las exigencias de protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de justicia y equidad.

De ahí, añadió, que Cuba le otorgue gran importancia a las negociaciones que a nivel intergubernamental están encaminadas a la adopción del nuevo marco de desarrollo.

Al referirse a que casi al concluir el tiempo para cumplir los objetivos de la Cumbre del Mileno en el año 2000, destacó que la nación caribeña tiene logros significativos, cuando en el mundo persisten graves problemas evaluados entonces entre los que citó que más de mil 200 millones de personas viven en extrema pobreza.

Mari Machado recalcó en el relevante papel que le corresponde a los diputados reunidos en la consecución de los acuerdos a favor del desarrollo sostenible, no solo garantizando las legislaciones que permitan su ejecución, sino también en controlar y fiscalizar la gestión gubernamental.

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