Embajada de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela

Marina Menéndez | Opiniones

Hay viento en contra, pero Venezuela navega

Pueblo venezolano

Abre 2019 con un hecho que marca pauta en América Latina: el inicio oficial del segundo mandato para el que fue reelecto en mayo Nicolás Maduro.

Su reasunción, este jueves, materializa la voluntad de la mayoría del electorado que le dio su voto pese a la continuada campaña que intentó impedirlo, y que quiere ahora desacreditar aquel suceso.

El de hoy es también, por tanto, un acto de independencia que no puede pasarse por alto en el contexto de una región donde la mentira ha torcido no pocos destinos nacionales mediante la manipulación de las mentes y, consecuentemente, del voto. Allí es donde los ciudadanos no han ejercido de manera real su deseo, sino el que subrepticiamente les han impuesto. Pero ello no ha ocurrido en Venezuela.

En medio del relativo desconcierto que pueden resultar para la izquierda continental aquellas realidades, impuestas al influjo de la multifacética agresión imperial, la nueva victoria de la Revolución Bolivariana constituye un asidero importantísimo para las fuerzas progresistas de Latinoamérica y el Caribe.

Los comicios que relegitimaron a Maduro y consolidaron la paz nacional ante el esfuerzo de provocar una guerra civil y la intervención externa no significaron, por eso, el triunfo electoral de un hombre, sino de un proyecto que resulta contracara de la restauración conservadora en marcha en la región. Su impacto sobrepasa los confines de Venezuela.

Mantener vivo ese proceso no ha sido solo un mérito de quienes contra viento y marea lo han conducido; también son triunfadoras las masas populares que lo respaldan sin dejarse engañar, y han resistido el asedio económico y político de esta guerra no declarada, que se recrudeció con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Lo que se pretende desde el Norte es barrer con todo vestigio progresista en América Latina, desarticular la unidad soberana alcanzada en la región —quiero decir, sin EE. UU.— y «demostrar» la presunta inviabilidad de un modelo distinto al capitalismo brutal.

Mediante su imposición, los sectores de poder estadounidenses siguen aspirando a la omnipotencia hemisférica que les garantice territorio para ejecutar sus designios en el mundo, donde la emergencia de Rusia y China les ha quitado poder; y para ello también hay que tener a mano las riquezas latinoamericanas.

Estamos, por tanto, ante un asunto geopolítico, y el destino regional inmediato se define, en última instancia, en Venezuela. Descontando, desde luego, que en 60 años de asedio no han podido doblegar a Cuba, y las agresiones contra Nicaragua.

Ello explica la ojeriza de que es objeto Nicolás Maduro, la persona sobre cuyos hombros Hugo Chávez depositó la responsabilidad de encabezar la Revolución Bolivariana tras su ausencia. Lo ha hecho bien, acompañado por la mayoría del pueblo. Y eso les basta para apuntarle con las cañoneras.

Un Ataque Tras Otro

Si algo posibilita aquilatar la capacidad de resistencia y la posibilidad de ver claro del electorado venezolano, es recordar la andanada de agresiones de que ha sido objeto.

Nuevas sanciones impuestas hace dos días por la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra ciudadanos y empresas de ese país continuaron una ola de castigo y presión que se inició desde los tiempos de Barack Obama, cuando declaró a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos, por lo cual decretó a su propio país en «emergencia», lo que abrió el camino para imponer las primeras medidas restrictivas contra funcionarios de Venezuela.

El decreto fue ratificado por Trump en 2017, un año después de haber declarado contra la nación venezolana las primeras sanciones a la economía nacional, que prohibieron a ciudadanos y entidades estadounidenses, y de terceros radicados en EE. UU., la compra de emisiones de deuda y bonos al Estado venezolano y a la petrolera PDVSA, con el fin de llevar la nación al default.

Luego han tirado cerrojos de todo tipo. Sanciones contra la circulación del petro, la criptomoneda venezolana, que nació justamente para eludir las restricciones contra las castigadas transacciones mediante el dólar y, más recientemente, contra las exportaciones en oro venezolano y de otros sectores de la economía.

Tales medidas han significado un escalón más de la guerra económica organizada adentro mediante el desabastecimiento propalado por el gran empresariado conjurado con la derecha política y la circulación del dólar paralelo, entre otros pasos responsables, en gran medida, del acaparamiento, la escasez y la inflación.

Esas fueron las condiciones marco de la ola violenta que pretendió llevar al país a una guerra civil en el entorno de los meses de abril a julio de 2017 y que las fuerzas bolivarianas, en el poder ejecutivo y dentro del pueblo, impidieron con su resistencia, al no ceder a los ataques.

Dicha vocación de paz fue expresada en las urnas en julio de ese año, cuando más de ocho millones de votos aprobaron  la Asamblea Nacional Constituyente. Ello marcó el camino en reversa a favor de la Revolución.

Otras dos victorias electorales al hilo la relegitimaron y frustraron los planes injerencistas fraguados por Estados Unidos desde afuera, en el ámbito de la OEA: las elecciones regionales de octubre de ese año, que dieron mayoría a los partidos en torno al PSUV con 18 gobernaciones y solo cinco para la oposición. Y los comicios para elegir alcaldes, en diciembre, que mantuvieron teñido de rojo el mapa venezolano con 142 listas para el PSUV, de 156. Participaron 51 partidos en todo el país —contando toldas regionales.

Consecuentemente con esa tendencia del voto, y a pesar de la estrategia de una oposición dividida que llamó a la abstención para desacreditar la ejecución en las urnas, tuvieron lugar los comicios presidenciales de mayo del año pasado que dieron la victoria a Maduro.

Fue una elección con libertad expresada en la participación de otros tres candidatos opositores, y transparencia que se apoyó en la probada eficiencia y limpieza del digitalizado sistema electoral venezolano, y la presencia de acompañantes internacionales.

Casi seis millones de votos dieron la reelección al Jefe de Estado para un 68 por ciento de los más de ocho millones de sufragios emitidos, lo que representó una participación del 48 por ciento del padrón electoral, a pesar de los saboteadores llamados a la abstención de los sectores más ultraderechistas y recalcitrantes de la debilitada MUD (Mesa de la Unidad Democrática), que por sus diferencias no adoptó posición común y, por tanto, no propuso candidatos. Fueron ellos quienes se segregaron.

Era esa la línea dictada desde EE. UU., con cuyas órdenes esos políticos han estado alineados hasta hoy, buscando facilitar la intervención extranjera.

Un supuesto estado de emergencia alimentaria en el país y la violación de los derechos humanos han sido algunos de los términos que se ha querido endilgar al Estado venezolano desde la OEA y en otros ámbitos regionales plegados a EE. UU., para cubrir con un viso de falsa legalidad una agresión que igualmente se mantiene, y que forma parte de las ejecutorias inscritas en las modernas guerras conocidas como «de cuarta generación».

Cuestionamiento Inaceptable

Por esos fueros se encamina la más reciente declaración del autotitulado Grupo de Lima, donde se han reunido lamentablemente 12 países de la región con el propósito principal de coadyuvar al no conseguido derrotero estadounidense de revertir la Revolución Bolivariana.

Con la presencia inédita, vía videoconferencia desde Washington, del secretario de Estado Mike Pompeo, el Grupo aprobó una declaración que, entre otros inaceptables postulados injerencistas, insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, y «respetar» y transferir el poder, provisionalmente, a la Asamblea Nacional, declarada en desacato desde 2017, cuando juramentó tres diputados cuya elección había sido considerada fraudulenta.

Causa estupor pedido similar, que no solo ordena qué hacer al Gobierno legítimo de una nación soberana sino, además, revive ahora el entramado en torno a la Asamblea Nacional, en la evidente búsqueda de nuevas justificaciones para desconocer, como hace, al ejecutivo de Maduro y a los electores que le dieron el voto.

Son ellos quienes legitiman como presidente a Nicolás Maduro y al proyecto que lidera. Por eso festejan hoy en las calles. Pese a todos los avatares, ellos han sabido mantener viva la Revolución Bolivariana.

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